En la lección anterior exploramos estrategias individuales y técnicas como la economía circular para frenar el deterioro de nuestro entorno. Pero cuando se trata de regular a grandes fábricas, proteger bosques enteros o decidir el destino de los ríos de un país, la voluntad personal no basta: se necesitan acuerdos internacionales vinculantes, instituciones estatales firmes y leyes obligatorias.
En este módulo examinaremos cómo el mundo se reúne para pactar metas ecológicas globales, cuál es el rol que la Constitución exige al Estado salvadoreño y cómo funciona la Ley de Medio Ambiente de El Salvador para sancionar el daño a la naturaleza.
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1. Globalización y Cumbres Internacionales de Desarrollo Sostenible (13.1 y 13.2)[cite: 1]
La contaminación no respeta aduanas ni pasaportes: los gases que emite una potencia industrial alteran el clima de Centroamérica, y el plástico que se arroja al mar termina en las costas de otros continentes. Por ello, la respuesta ambiental debe ser necesariamente global[cite: 1].
- Globalización y Medio Ambiente: La acelerada interconexión comercial e industrial mundial ha traído inversión, pero también una fuerte presión extractiva sobre recursos hídricos, minerales y forestales en los países en desarrollo[cite: 1].
- Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992): Conferencia histórica de la ONU donde se consagró el concepto de desarrollo sostenible y se aprobaron convenios cruciales:
- Agenda 21: Plan de acción mundial para promover la sustentabilidad económica y social.
- Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
- Cumbre de Johannesburgo (2002) y Río+20 (2012): Evaluaron los avances, enfatizando la erradicación de la pobreza como condición obligatoria para la protección ecológica y dando origen al marco de la "economía verde".
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030): 17 metas mundiales adoptadas en 2015 que integran objetivos ambientales directos (Agua limpia, Energía asequible y no contaminante, Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres).
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2. El Papel del Estado, Degradación de Recursos y Gestión Territorial (13.3 y 13.4)[cite: 1]
Durante muchos años, la economía funcionó como si los recursos naturales fueran infinitos. Sin embargo, la degradación ambiental evidenció que el mercado no se autorregula solo: se requiere la intervención del Estado para planificar el territorio y defender los bienes comunes[cite: 1].
- El Papel del Estado (Art. 117 de la Constitución): Declara que "Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible". Declara además de interés social la protección, conservación y restauración de los ecosistemas.
- Gestión Territorial Rural: Consiste en planificar con criterios técnicos y científicos el uso del suelo rural. Implica definir qué zonas deben ser reservadas exclusivamente para recarga hídrica y bosques, cuáles para agricultura sostenible y cuáles para asentamientos humanos, evitando el desorden y los deslaves en zonas de alto riesgo geológico[cite: 1].
- La Degradación de los Recursos Naturales: Abarca la contaminación química de los mantos acuíferos por vertidos agroindustriales, la sobreexplotación del agua subterránea por complejos habitacionales e industrias de bebidas, y la pérdida severa de fertilidad en los suelos agrícolas por monocultivos intensivos[cite: 1].
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3. La Legislación Ambiental en El Salvador: La Ley de Medio Ambiente (13.5)[cite: 1]
Para que el mandato de la Constitución no fuera una promesa vacía, en 1998 la Asamblea Legislativa aprobó el marco regulatorio integral del país: la Ley de Medio Ambiente.
- Autoridad Rectora: Crea y faculta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como la entidad gubernamental encargada de dictar la política ecológica, vigilar el cumplimiento normativo y sancionar a los infractores.
- Instrumento Clave: El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Todo proyecto industrial, urbanístico, turístico o de infraestructura de gran envergadura debe presentar obligatoriamente este documento técnico ante el MARN antes de colocar una sola piedra. Si el estudio demuestra que causará daños irreversibles a mantos acuíferos o bosques, el Estado niega el Permiso Ambiental, impidiendo la construcción.
- El Permiso Ambiental: Autorización oficial sin la cual ninguna municipalidad puede otorgar permisos de construcción. Operar sin él acarrea multas graves y clausura de obras.
- Responsabilidad Civil y Penal: La ley establece la obligación legal de restaurar o indemnizar los daños causados a los ecosistemas, complementándose con los delitos ambientales tipificados en el Código Penal (como la contaminación dolosa de aguas o el tráfico de fauna protegida).